El eclipse de las políticas públicas

Si analizamos lo que comúnmente entendemos por política, podemos distinguir su faz agonal, o sea la lucha por la obtención y la reproducción del poder, de su faz arquitectónica, es decir el ejercicio del poder, la planificación y ejecución de políticas públicas.  La distinción es, por supuesto, puramente analítica: en la realidad ambos aspectos están muy imbricados.

En un imaginario país perfecto, la política pública no tendría objeto –no habría ningún aspecto de la cosa pública que mejorar–, y entonces la política sería pura lucha por el poder.  El ejercicio mental podría ser gracioso si no fuese porque en nuestro país la lucha por el poder prima sobre la responsabilidad de llevar adelante políticas públicas.  Las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires por la falta de obras básicas de infraestructura de drenaje pluvial es una muestra de esto.

Ocurre que en Argentina no sólo fallan los mecanismos de control sobre el gobierno y la función pública, ni tan solo brillan por su ausencia las sanciones por el mal desempeño o la mala administración.  También faltan los incentivos para que los políticos en el gobierno hagan bien su trabajo.

En el ejercicio de la función pública, el político debe tomar decisiones de asignación de recursos escasos, particularmente el presupuesto.  Se supone que el político se enfrenta a los programas que dependen de su cartera y, responsablemente, asigna recursos para darles continuidad.  La continuidad es, en la teoría, uno de los rasgos de las políticas públicas.

La realidad es que el político se ve forzado a innovar.  Debe privilegiar las líneas de acción que le permitan maximizar su visibilidad, exposición: sus propios casos de éxito.  Si simplemente diera continuidad a los programas de su repartición, pasaría desapercibo y acabaría siendo reemplazado por otro político más agresivo.  Por selección natural, sobrevive el político que inventa políticas nuevas, muestra gestión.

Para financiar el camino de la innovación, el político le quita presupuesto y recursos a los programas preexistentes.  Hipócrita, nunca asume el costo político de desmantelarlos: en cambio los vacía, los vampiriza, los torna anémicos.  Como corolario, cada repartición pública acumula capas geológicas de programas vampirizados, a los que nadie presta atención (ni recursos), mientras por otro lado presta su presupuesto a financiar la carrera política de su titular, su brillo personal a través de sus (propios) casos de éxito.  En la práctica, la supervivencia y el crecimiento del político es inversamente proporcional a la consolidación de las políticas públicas de la cartera a su cargo.

Nótese que asta aquí no hemos mencionado la corrupción en su sentido clásico.  Pero es obvio que esta forma de construcción y proyección política priva al Estado de los recursos para funcionar adecuadamente.  Si agregamos la corrupción, el combo se agrava.

No existe salida a los problemas de la política al margen del desafío de reconvertir las prácticas políticas en el corazón del funcionamiento del aparato estatal.  El rediseño de los mecanismos de control, reconocimiento y sanción para el desempeño de la función pública, y el efectivo funcionamiento de estos mecanismos, parece una de las condiciones elementales de un cambio de prácticas.  Es la propia dirigencia la que tiene que exigirse y ofrecer a la ciudadanía estas herramientas de control, que resultan un elemento central de nuestro el mejoramiento institucional.

(Esta nota fue publicada en el diario Clarín del 19 de agosto de 2015).

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