Adopte un Trabajador del Estado (definiciones e ideas sobre el empleo público en Argentina)

  1. A lo largo de ocho años de administración macrista, el Estado porteño mantuvo más o menos estable la dotación de empleados públicos y mejoró año a año la tasa de inversión pública en relación al presupuesto total. El salario público promedio mejoró un poco, y el decrecimiento vegetativo de la planta permanente estatal se compensó con un moderado incremento de empleados en algunas áreas: agentes de tránsito, policía de la ciudad, enfermeros, etc.  En el mismo período, la administración pública nacional incrementó fuertemente la planta de empleados en todas las áreas, lo que implicó no sólo una resistencia a la baja del gasto corriente en el presupuesto, sino el deterioro sensible de los salarios promedio del sector.  Hubo, claramente, dos políticas de recursos humanos muy diferentes.
  2. Pero no fue tan diferente la política de recursos y gastos. Tanto en la Nación cuanto en la Ciudad, durante “la década ganada” el presupuesto público creció sensiblemente en términos reales.  En la Ciudad pasó de 3.900 millones de dólares a unos de 10.500 millones.  Es decir, más que se duplicó en términos reales, casi acompañando el crecimiento del gasto del sector público nacional, que pasó de unos 50.000 millones de dólares, a unos 150.000 millones en igual período.
  3. El gobierno nacional de Macri no puede repetir la fórmula aplicada en la Ciudad de Buenos Aires, por la razón elemental de que el presupuesto de la administración nacional no puede de ningún modo seguir creciendo. La presión tributaria argentina está bastante por encima del umbral compatible con la vocación expresa del gobierno de crecer a partir de la inversión.  Por eso debe, por el contrario, apuntar a una mayor eficiencia estatal y forzar algún tipo de racionalización del gasto si pretende sostener tasas significativas de inversión pública y propiciar un simultáneo avance de la inversión privada.
  4. El sector público argentino ofrece una maraña de problemas difíciles de abordar. Por supuesto que ante todo es costoso e ineficiente.  Considerado en relación al PBI grava pesadamente a la actividad privada, y no brinda en cambio bienes públicos de calidad.  En el modelo extremo de una economía de guerra, una parte significativa del producto social no se realiza en el mercado, sino que cobra forma de material de guerra y se destruye en el frente de combate.  En la medida en que esa actividad productiva es remunerada aunque no realizada en el mercado, la economía de guerra es inflacionaria.  Crea demanda sin oferta en contrapartida.  Sin llegar a ese extremo, tal es la enfermedad del estatismo argentino: insume ingentes recursos en alimentar una estructura estatal que, con la excusa de producir bienes públicos de dudosa calidad, alimenta lo que el populismo llama “la demanda agregada”.  Para los teóricos de la economía populista, “la demanda agregada” debiera presuntamente dinamizar la oferta, pero que en realidad lo que hace es desalentarla y simultáneamente generar tensiones inflacionarias.
  5. La estructura del empleo público argentino también parece inabordable. El empleado estatal goza de estabilidad constitucional, en general tiene una baja calificación, no tiene incentivos ni herramientas que le posibiliten mejorar su productividad y, por el contrario, muchas veces está conformado por contingentes de militantes políticos que pueden, en el extremo, dificultar o boicotear la gestión de gobierno.  Esto no es un dato nuevo en sí mismo y forma parte del folklore político argentino, pero se agudizó durante “la década ganada” y se agravó a partir de la transición de 2015.  El kirchnerismo no sólo hizo crecer la planta de personal a ritmo desenfrenado, especialmente durante los gobiernos de Cristina Kirchner, sino que además designó masivamente personal en 2015, hasta pocos días antes del cambio de gobierno.
  6. Al revés de lo que quisieran tanto la mitología del progre-populismo antiliberal cuanto el liberalismo vocacional ortodoxo, el macrismo no ha demostrado gran aptitud para llevar adelante una racionalización del empleo público. No fue así en ocho años en la Ciudad y tampoco en el tiempo que lleva en el gobierno nacional.  Privilegió siempre, en cambio, el pacto de gobernabilidad con los representantes clásicos de la racionalidad negociadora en el sindicalismo estatal (SUTECBA en la Ciudad, UPCN en la Nación), y esto sí lo hizo con relativa habilidad.  La caída del empleo público, en ese contexto, tuvo y tendrá un ritmo apenas vegetativo, de la mano de políticas graduales, como elementales controles de presentismo, programas de retiros voluntarios, jubilaciones, etc.
  7. Si el Estado no puede resolver por sí mismo el problema de la superabundancia e ineficiencia del empleo público, puede que lo deba intentar, en cambio, asociado al sector privado. En un modelo simple, cada empresario puede adoptar un empleado público en el marco de un Programa de Reconversión.
  8. A priori, por supuesto, es tal la distorsión del empleo público respecto del privado que el empresario no querría incluir en su empresa un empleado refractario a la disciplina y de dudosa capacitación y productividad. Del otro lado, el empleado público no estaría a priori dispuesto a abandonar la estabilidad y la flexibilidad del trabajo estatal.  Por eso, el Programa de Reconversión debe generar incentivos en ambos sectores.  Al empresario, puede tal vez ofrecerle pagar durante un tiempo razonable el salario entero al empleado público migrante, sus aportes o incluso algún tipo de seguro.  Al trabajador, deberá ofrecerle (a cambio de la renuncia voluntaria e irrevocable a la planta estatal) una mejor remuneración, capacitación y desafíos profesionales o de carrera atractivos.  Estos incentivos deben ser temporarios, por supuesto, y podrían ir reduciéndose a lo largo del tiempo, en la medida en que se puede suponer que la inserción del empleado público en el sector privado se irá naturalizando.
  9. El Programa de Reconversión puede parecer caro e irracional en una primera mirada, sobre todo con un criterio ortodoxo. Tiene sin embargo varias ventajas.  Aunque no implique una reducción inmediata del gasto público, el empleado traspasado al sector privado empieza a involucrarse en la producción de bienes y servicios concretos que, a diferencia de los bienes públicos, tienen precios, se realizan en el mercado en un marco natural de competencia.  El ex empleado público comienza a convertirse de un agente improductivo, en un actor económico productivo.  Su migración tiende a descomprimir la presión sobre el gasto público y habilita, en cambio, una eventual reducción de la presión tributaria.  Por el otro lado, ofrece al sector privado un subsidio a la incorporación de mano de obra formal.  Finalmente, al reducir la cantidad de empleados públicos, posibilita contar con recursos para incentivar la carrera administrativa y mejorar los salarios del sector, sin impacto fiscal.

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