Desajuste público y ajuste privado.

Es un lugar común del progresismo despotricar contra el Fondo Monetario Internacional y sus “políticas de ajuste”. Se apela al recuerdo, fresco en la memoria de los argentinos, de las exigencias de disciplina fiscal de los años noventa, durante el régimen de convertibilidad.

Llama la atención la carga ideológica del argumento implícito. Los criterios del Fondo Monetario Internacional, como los de cualquier organismo de crédito, son siempre estándar y razonablemente conservadores. En general se limitan a recomendaciones sobre indicadores macroeconómicos. En aquélla oportunidad –el país solicitaba recurrentemente auxilio financiero– lo que se exigía del Gobierno argentino era mostrar razonable capacidad de pago de su deuda pública. Nada que se pudiera considerar extraño.

El problema no era el Fondo Monetario, sino que la convertibilidad vigente era por definición incompatible con el déficit fiscal. En Argentina el Estado siempre gasta más de lo que recauda. Entonces, para equilibrar las cuentas, el déficit se solventaba con deuda externa, que en un punto se convirtió en una bola de nieve insostenible. Cuando se acabó el crédito, implosionó la convertibilidad.

Vale la pena señalar que las crisis argentinas siempre son en su forma crisis fiscales, y en la historia reciente constituyen el regalo que los gobiernos salientes prodigan generosamente a los gobiernos entrantes. El Estado gasta más de lo que recauda, grava al sector privado hasta que lo ahoga (anticipando el ajuste), y sólo termina ajustando con cada fin de ciclo, violentamente, por la vía de la crisis y recesión.

El déficit fiscal no es, por supuesto, un indicador homogéneo. Entre sus componentes, no se puede juzgar igual el gasto improductivo que la inversión pública. Pero en nuestra historia económica, en general lo que aumenta es el gasto improductivo, aquél que no tiene como contrapartida la generación de genuinos bienes públicos. Rogelio Frigerio solía señalar que cada peso que el Estado dedica al gasto improductivo, significa un peso que se sustrae a la inversión.

Cuando el sector público no ajusta, se expande a expensas del sector privado. O sea que delega el ajuste en el sector privado. Los progresistas, almas bellas, no suele hablar de este “corporativismo” estatal.

El sector público representa casi el 40% del PIB en argentina. Algo que lo sitúa cerca del promedio de presión impositiva de la OCDE, con la salvedad, imposible de obviar, de que en este caso se trata de economías plenamente desarrolladas, con altísima productividad. En el fondo, este es el indicador más elemental de la insustentabilidad del modelo vigente. Una economía subdesarrollada, para crecer necesita inversión, y un Estado gravoso funciona como una aspiradora de recursos sin contrapartida productiva.

Con o sin el FMI, esta es la realidad que el gobierno niega pero que, en algún momento, habrá que asumir.

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