El pacto necesario de la transición

Ni la dirigencia ni los analistas, desde el oficialismo o desde la oposición, parecen dimensionar seriamente, todavía, la gravedad de la crisis que se preanuncia en la recesión con creciente inflación y la tensión cambiaria que se vienen manifestando con claridad desde comienzos del año 2014. Están extendidas, por un lado, la curiosa idea de que “la macroeconomía está sólida”, y por otro, la convicción de que el problema del gobierno es más que nada de confianza y credibilidad. Se subestima, de este modo, la perspectiva de una dura crisis de fin de ciclo y la necesidad de una política específica para la transición, que ayude a superar esa crisis.

Nuestra tesis es que 1) la estanflación actual es un problema grave que no se debería subestimar, 2) la economía sufrirá un severo ajuste antes de volver a crecer, y finalmente 3) es mucho mejor administrar ese ajuste con una política adecuada que dejarlo librado a una solución espontánea del mercado.

La situación cambiaria, la recesión y la inflación que se registran en esta coyuntura no deberían equipararse livianamente a situaciones similares en los últimos años. El gobierno viene llevando adelante políticas que estresaron cada una de las variables de la economía, al consolidar la fórmula populista de incentivar el consumo como motor de la economía. Como resultado tenemos hoy, en el marco de una alta inercia inflacionaria, un creciente retraso cambiario, una severa caída de la actividad, caída del salario real, caída de la rentabilidad empresaria, cierres de empresas, desempleo en aumento, y simultáneamente gasto público creciente, financiado con emisión, que retroalimenta la inflación y agrava los problemas. Un verdadero círculo vicioso del que no es fácil salir.

Estos problemas no pueden despacharse con fórmulas electoralistas de confianza u optimismo. Es verdad que la actual administración no goza de confianza y las cartas fuertes deberá jugarlas el próximo gobierno, pero incluso con un programa adecuado, será necesario un baño de realismo respecto de la forma y los alcances del ajuste de la economía, y esto implica definir quién pagará los costos y de qué manera.

Es un lugar común en el debate político argentino la referencia maniquea a los pactos de La Moncloa, que permitieron a España, a fines de la década del 70, una transición ordenada luego de la muerte de Franco. Se los trae a colación como argumento genérico a favor de los acuerdos políticos y la búsqueda de consensos amplios en la dirigencia. La verdad es que los pactos de La Moncloa fueron eso, pero también un compromiso conjunto de asumir la necesidad de un ajuste, distribuir racionalmente su costo entre los diferentes sectores, y apoyar su implementación. Los pactos incluían al arco completo de la dirigencia política pero también económica y sindical, y en la medida en que se cumplieron permitieron estabilizar la economía española.

Si hay un triunfo ideológico del kirchnerismo en su mentada “batalla cultural”, este consiste en la generalización de la idea ingenua de que después de los “ajustes recesivos” de los años 90, se inauguró una era casi mágica de “expansión con inclusión” en la llamada “década ganada”. La verdad es que esa expansión populista con el consumo creciendo por delante del ahorro y la inversión, se impulsó irresponsablemente sin abordar problemas estructurales que terminaron poniéndonos de cara a una nueva recesión y un inminente ajuste.

La economía siempre ajusta sus desequilibrios, antes o después; pero la historia enseña que cuando el mercado ajusta por si solo distorsiones largamente larvadas, lo hace con virulencia y alto costo en materia social. Por eso sería prudente que cada sector se comprometa en un pacto serio orientado a minimizar estos costos.

Muchos analistas señalan la perversión intrínseca de la apuesta del oficialismo a dejar montado un mecanismo de relojería que estalle en las manos del próximo gobierno. Muchos se preguntan, también, si los tiempos no estarán acaso acelerándose y la crisis se precipite antes de que Cristina Kirchner pueda terminar su gobierno. En cualquier caso, ¿tendrá la dirigencia argentina la madurez y el grado de representatividad genuina necesario para enfrentar la situación?

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