El progresismo y la tolerancia con la corrupción.

Como síntoma del cambio del orden político, en los últimos meses se ha comenzado a descorrer el velo de la corrupción del gobierno que se fue. Las imágenes televisivas (pilas de fajos, bolsos, valijas de dólares) han sido impactantes, confirmando que las fantasías más desbordantes sobre este tema no se alejaban de la realidad.

Se atribuye a Néstor Kirchner una máxima al respecto: para hacer política hace falta plata. La frase denota claramente la idea de que la corrupción desde el poder es condición para sostener y librar con éxito la lucha por el poder. O para mantenerse en el poder.

Un periodista comprometido con el kirchnerismo intentó hace poco completar este concepto con un tinte clasista, revolucionario: los ricos no necesitan robar porque ya tienen el dinero, al igual que, en general, tienen ya el poder. Los desposeídos, en cambio, si quieren luchar por el poder con eficacia, deberán primero robar mucho.

Esta tesis, con su latente referencia a Robin Hood, generosamente pone al kirchnerismo en el papel de representante de los desposeídos. Los motivos de tal construcción de significado terminan de descomponerse por la evidencia de que el patrimonio que se incrementa exponencialmente no es el de los desposeídos en general, sino en particular el de los funcionarios kirchneristas, sus testaferros y empresarios amigos, etc.

Es sabido que las campañas políticas son mucho más caras de lo que se declara oficialmente, pero mucho más baratas de lo que los punteros territoriales pretenden hacerles creer a sus jefes políticos. Presumiblemente una campaña presidencial cueste más de 200 millones de pesos, pero no parece posible que cueste 2000 millones.  El argumento de que se roba para la política es falso.  La magnitud del desfalco que asoma en las variadas denuncias de la corrupción en la última década no guarda relación alguna con los presuntos costos de la tarea política.

Y aún si concediésemos la idea (dudosa) de que la política kirchnerista haya sido redistributiva, resulta por lo menos cuestionable que los principales beneficiarios de tal redistribución hayan sido los dignatarios de la Nomenklatura K.

Por otra parte estos niveles de corrupción en la política tienen su correlato en un peculiar modelo de acumulación. Mientras que la mayor parte de las actividades ilícitas tienen su reflejo en otros tantos mecanismos de blanqueo, el dinero robado parece no encontrar destino. Por el contrario, está amontonado en bóvedas y, por ende, se sustrae a la actividad económica. Es meramente atesorado y no reingresa al sistema. Se convierte en estéril desde el punto de vista económico: un ahorro que no se traduce en inversión. Esto sería irrelevante si las magnitudes involucradas fuesen también insignificantes. Pero comenzamos a comprobar que no es así.

En Argentina, el gasto público representa todos los años casi medio PBI. Como parte de la épica revolucionaria, también se intentó justificar tan gravosa carga sobre la economía real como una mayor presencia del Estado. El kirchnerismo solía denunciar a las corporaciones, cuando en realidad detentaba el poder de una corporación privilegiada, la corporación por antonomasia, el propio Estado, al que manejaba de manera arbitraria, discrecional y sin rendir cuentas.

La verdad es que el Estado gasta mucho (cada vez más) y mal, y brinda pésimos servicios públicos. Esta degradación obliga a que existan ramas enteras de la economía dedicadas a brindar servicios privados paralelos: educación, salud, seguridad, que lejos de ser para las minorías privilegiadas, son una alternativa obligada para muchas familias de bajos ingresos.

La pobre calidad de los bienes públicos a cargo del Estado no puede no estar vinculada al hecho de que una enorme proporción del gasto se desvíe por la corrupción. Son dos caras de una misma moneda.

Ya es un lugar común que la corrupción en niveles altísimos es desde hace muchos años constitutiva de la política argentina. Lo que el Estado real distribuye, lejos del relato progresista, son formidables privilegios: altísimos precios para la obra pública, subsidios exorbitantes, etc. Y la contracara de los privilegios, invariablemente, son los retornos para la política. Eufemismos.

Este es el estado de cosas que la dirigencia argentina tiene que empezar a transformar, y por otra parte el progresismo debe adoptar como bandera esta tarea, si quiere defender realmente la presencia del Estado como protector e igualador de oportunidades.

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