El síntoma 7D

El debate alrededor de la Ley de Medios es sintomático respecto de varios aspectos de la política nacional, pero interesa destacar en particular la vocación del Gobierno por neutralizar toda fuente eficiente de voces disonante y toda alternativa discursiva a su monocorde “relato”, cuya creciente distancia respecto de la realidad cada vez resulta más patente.

Cuando se habla de los medios, el gobierno tradicionalmente se hizo fuerte en un argumento: la cuestión de si resulta aceptable o tolerable que existan posiciones oligopólicas –monopólicas es una expresión genérica, aunque equivocada– o fuerte concentración en el mercado de los medios de comunicación.

Clarín pasó de ser un sólido aliado del Gobierno (alianza que significó oportunamente el visto bueno oficial para la concentración del mercado de TV por cable), a ser estigmatizado como el enemigo público número uno. Fútbol para todos fue el primero de una serie de ataques contra el grupo; la Ley de Medios y el 7D, los sucesivos pasos de la avanzada oficial en el mismo camino.

En general, para el discurso progresista, la política contra la concentración económica es legítima. Puede ser discutible en algunos casos –en particular cuando se refiere a mercados o sectores donde la economía de escala es un factor a tener en cuenta–, pero en el caso de los medios de comunicación, el argumento aparece como plausible. Por otro lado, todo lo malo que se pueda decir de Clarín aparece como verosímil, y el Gobierno abusó de ello en la construcción de su discurso, con el ribete más escandaloso en el caso de los hijos adoptivos de la directora del diario.

Pero lo que el Gobierno ofrece en cambio no es terminar con la concentración, sino que ella cambie de forma y se ponga a su servicio. El problema del Gobierno con Clarín no está dado por su tamaño, posición dominante en el mercado o influencia, sino porque no se le somete y no se aviene a transmitir de forma más o menos desembozada “el relato”. La política de medios del gobierno es claramente extorsiva y eso queda evidenciado por el manejo de la pauta, cuya discriminación a favor de medios afines resulta descarada. Los medios no tienen elección: o se adaptan a transmitir buenas noticias, o son castigados. Y cuando la pauta no alcanza (como en el caso de Clarín), aparecen otros mecanismos de presión.

Tanto la libertad de prensa cuanto la diversidad de voces son bienes jurídicos a tutelar. Pero toda la serie de argumentos políticamente correctos, caros a las almas bellas del progresismo, sobre la “diversidad”, la “pluralidad”, etc., resultan una burda pantalla para mal disimular esta realidad. La utilización de un argumento más o menos legítimo como herramienta para convalidar, por extensión, una política inaceptable, orientada al sometimiento y la generalización de un discurso monocorde de rasgos oficialistas o paraoficialistas.

Resta hacer un análisis del mercado de publicidad y cómo se relaciona con el financiamiento de los medios, y hasta qué punto comporta un condicionante o influencia respecto de los contenidos. Hace poco el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, se descolgó con declaraciones absurdas respecto del impacto relativo de la pauta oficial respecto de la privada, sin discriminar el mercado en lo que es propiamente “formador de opinión” respecto del entretenimiento, etc. Es un trabajo que vale la pena desarrollar.

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