La gigantesca ineficiencia estatal

El debate sobre la conveniencia o inconveniencia de la intervención del Estado en la economía, mal que le pese al Jefe de Gabinete del gobierno, Juan Manuel Abal Medina, está muy pasado de moda.  En general nadie discute la importancia de una adecuada incidencia del Estado en determinados sectores estratégicos, como nadie discute, tampoco, que en general el monopolio estatal en cualquier actividad, en general, redunda en ineficacia.  En el caso de los países subdesarrollados -que más o menos se identifican con los países con instituciones débiles-, esta ineficiencia se complementa con clientelismo, elefanteasis del empleo público, y altos niveles de corrupción.

Argentina es, en este sentido, un ejemplo de manual.  Un país subdesarrollado donde las instituciones son débiles, el gobierno no rinde cuentas y elude todos los mecanismos institucionales de control, el Estado interfiere y distorsiona el funcionamiento de la economía, asume el control de empresas que debiera gestionar el sector privado, altera torpemente la formación de precios y tarifas, genera un laberinto de subsidios cruzados sin ton ni son, y protagoniza escandalosos casos de nepotismo, clientelismo y corrupción.  Tales son los rasgos generales de un modelo de corte populista, cuyo rasgo característico es la asignación ineficiente de los recursos.

En este marco, el diario La Nación consigna en un artículo reciente que el país está subejecutando la mayoría de sus préstamos internacionales por carencias de gestión.  Esto no sólo implica que el Estado debe pagar intereses por capitales que están dormidos en las cuentas bancarias esperando en vano ser utilizados, sino incluso que muchas veces afronte las multas que los organismos internacionales de crédito fijan para estos casos.

Curiosamente, estos préstamos están pensados para ayudar a resolver los problemas estructurales detectados en las prestaciones más elementales del propio Estado.  Problemas que, se supone, no puede resolver por falta de recursos, pero que, en realidad -y esto indica la situación de subejecución consignada- no resuelve por ineficacia en la gestión.

No se trata, pues, de si debe haber más o menos Estado.  En un país con la presión impositiva tan alta como la que tiene el nuestro -que además se incrementó en los últimos años-, de lo que se trata es de transformar un Estado gigantesco, ineficiente, corrupto y clientelista, cuyos servicios más esenciales están en crisis, en un Estado completamente diferente, al servicio del desarrollo económico, ágil, moderno, serio, que garantice reglas de juego justas, claras y estables y brinde servicios y bienes públicos de calidad.

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